23 de noviembre de 2021 se publicó en el Boletín Oficial la Ley N° 6620 que sancionó el Código Procesal Administrativo de la Provincia de Corrientes. Esta ley, aprobada por unanimidad en ambas cámaras legislativas del parlamento correntino, tuvo como base el trabajo realizado por la comisión redactora del Anteproyecto de reforma, integrada por las doctoras Ana Daverio, Belén Güemes, Marcela Oviedo, Nidia Billinghurst de Braun y el ministro del Superior Tribunal Doctor Rey Vázquez, todos ellos con una gran trayectoria profesional y académica. Su tarea se vio luego enriquecida con el trabajo durante largos meses de una numerosa comisión que discutió, en el ámbito brindado por la Cámara de Diputados, y en el complejo marco de la pandemia por Covid-19. En esta comisión más amplia, participaron los más importantes exponentes del derecho administrativo local, con representantes de la Fiscalía de Estado, la Facultad de Derecho, el Colegio de Abogados de Corrientes y de otras instituciones, que aportaron diversos puntos de vista y que contribuyeron a la elaboración de un proyecto final moderno y equilibrado. Esta labor, que se inició a fines de 2020 y duró hasta mediados de 2021, incluyó debates (a veces muy calurosos, pero siempre respetuosos) y varias modificaciones y mejoras al anteproyecto original que finalmente fue presentado a la Legislatura correntina. La ley establece una reforma amplia del proceso administrativo, luego de varias décadas de vigencia de la Ley N° 4106, redactada por Gustavo A. Revidatti. La modificación más importante que había sufrido la Ley N° 4106 durante su larga vigencia fue la sanción de la Ley N° 5846 que creó a partir de febrero de 2010 los Juzgados en lo Contencioso Administrativo de primera instancia y la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Electoral, y que derogó el sistema recursivo propio de la 4106, para remitirlo a la del Código Procesal Civil y Comercial. Estos nuevos tribunales fueron creados como consecuencia de la amplia reforma de la Constitución de la provincia de Corrientes de 2007 que eliminó la hasta entonces competencia originaria y exclusiva del Superior Tribunal de Justicia para la materia contenciosa administrativa. Esta competencia originaria, que muchas otras provincias argentinas adoptaron en sus sistemas constitucionales y que varias de ellas mantienen, era cuestionada incluso por los propios integrantes del máximo tribunal provincial. La reforma es importante en lo cuantitativo porque, aunque se respeta la estructura general de la ley vigente, la mayoría de los artículos sufren modificaciones. También es importante en lo cualitativo, ya que recoge muchas de las novedades y cambios de paradigmas más recientes, tanto del derecho administrativo como del derecho procesal. En este último aspecto, tal vez la característica más valiosa de la reforma es el propósito de lograr la efectividad de los derechos sustanciales, la razonabilidad y la tutela judicial efectiva, en especial para los casos de personas humanas en condición de vulnerabilidad; así como el objetivo de que el proceso, desde su inicio hasta el cumplimiento de la sentencia, debe estar sujeto a una duración razonable. Las cuestiones que pueden ser debatidas en el proceso administrativo, así como las pretensiones que pueden deducirse aparecen más detalladas y solo a título ejemplificativo en la ley. La regla es que cualquier cuestión regulada por el derecho administrativo debe debatirse judicialmente en este ámbito